La contaminación del Río Santiago en Juanacatlán y El Salto es resultado de un proceso prolongado de reorganización territorial. La utilización industrial del río comenzó mucho antes de la crisis actual. A finales del siglo XIX se instalaron fábricas y centrales hidroeléctricas asociadas con la expansión industrial de Guadalajara. Desde la década de 1950, y con mayor intensidad durante los años sesenta y setenta, las políticas federales y estatales promovieron la creación de corredores industriales aprovechando la disponibilidad de agua, energía, ferrocarril, carreteras y suelo en la región. El corredor se extendió desde El Salto hacia La Barca y posteriormente se articuló con el crecimiento industrial y urbano del sur y oriente del Área Metropolitana de Guadalajara.

Durante los años setenta comenzaron a registrarse públicamente mortandades de peces y contaminación asociada con descargas químicas. La concentración industrial continuó. La región pasó a albergar industrias químicas, alimentarias, textiles, farmacéuticas, automotrices, metalmecánicas, electrónicas y otras actividades manufactureras. La literatura histórica documenta la instalación de empresas como Hulera Euzkadi, IBM y Pennwalt del Pacífico durante esta etapa de expansión. Estas referencias permiten reconstruir la industrialización del territorio, pero no deben interpretarse como una atribución automática de responsabilidad actual a cada una de esas empresas.

La acumulación de fuentes contaminantes quedó documentada oficialmente. Un estudio de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco identificó en 2006 305 fuentes de contaminación en El Salto, Juanacatlán, Tototlán y Poncitlán. De ellas, 271 eran industriales, 20 municipales y 14 pecuarias. Otro estudio citado en la investigación registró 265 descargas directas a cuerpos de agua y encontró que apenas 35% contaba entonces con sistemas de tratamiento.  

La contaminación alcanzó una escala que provocó sucesivos reconocimientos institucionales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió en 2009 una macrorecomendación al gobierno estatal y a catorce municipios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó en 2020 medidas cautelares para las personas que habitan hasta cinco kilómetros del río en El Salto y Juanacatlán, así como para comunidades de Poncitlán. En 2022, la CNDH concluyó que la contaminación había producido violaciones a los derechos a un medio ambiente sano, agua y saneamiento, salud y al interés superior de la niñez.

La Cuenca del Alto Atoyac articula territorios rurales, urbanos e industriales de Puebla y Tlaxcala. Los ríos Atoyac, Zahuapan, Xochiac o Hueyapan y Alseseca atraviesan zonas agrícolas, comunidades campesinas, centros urbanos y algunos de los corredores industriales más importantes del centro del país. El proceso de industrialización se aceleró durante la segunda mitad del siglo XX y estuvo acompañado por crecimiento urbano, expansión de infraestructura carretera, nuevos parques industriales y una creciente concentración de actividades automotrices, textiles, químicas, petroquímicas, metalmecánicas, alimentarias y manufactureras. El informe de la Caravana #ToxiTourMexico documentó la superposición de estos corredores con comunidades y áreas agrícolas que dependen del mismo sistema hidrológico.

La contaminación del río fue reconocida oficialmente hace décadas. La declaratoria federal publicada en 2011 estableció que el Atoyac y el Xochiac habían sufrido una alteración de su calidad debido a aguas residuales procedentes de procesos industriales y asentamientos humanos. El documento calculó entonces descargas diarias equivalentes a 146.3 toneladas de materia orgánica medida como demanda química de oxígeno, 62.8 toneladas de sólidos suspendidos, 14.7 toneladas de nutrientes, 0.14 toneladas de metales pesados y 0.09 toneladas de compuestos orgánicos tóxicos, además de contaminación microbiológica. La misma declaratoria reconoció que el cumplimiento de la norma vigente para descargas no bastaba para alcanzar la calidad requerida del agua.

El Alto Atoyac puede entenderse como una zona de sacrificio metabólica porque el deterioro no proviene de un accidente aislado. Se ha formado mediante la acumulación prolongada de descargas, expansión industrial y urbana, insuficiencia del tratamiento de aguas, regulación fragmentada y normalización de la exposición de determinadas comunidades a los residuos del desarrollo regional. La revisión científica publicada en 2025 examinó 60 investigaciones arbitradas realizadas entre 1975 y 2024 y confirmó la persistencia de focos de contaminación, la diversidad de contaminantes y vacíos importantes de monitoreo. Las comunidades han respondido produciendo conocimiento propio, epidemiología popular, monitoreo ambiental y propuestas de saneamiento y reparación. Navarro Trujillo y Barreda Muñoz analizan precisamente el Alto Atoyac como un territorio donde la producción de una zona de sacrificio ha sido enfrentada mediante procesos de reapropiación ecopolítica y conocimiento comunitario.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles debe entenderse como una reconfiguración mucho más amplia del territorio que comenzó a reorganizarse alrededor de la base miltiar de Santa Lucía. El proyecto ocupa aproximadamente 2,487 hectáreas y comenzó operaciones comerciales en marzo de 2022, pero su área de transformación rebasa el polígono aeroportuario. Desde 2020, el propio gobierno federal creó un instrumento regional de planeación para Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango con el objetivo explícito de responder a los cambios generados por el aeropuerto.

Las dimensiones de esa transformación fueron planteadas desde la planeación oficial. SEDATU estimó que el crecimiento inducido por el AIFA podría agregar más de un millón de habitantes a la región hacia 2052 y requerir 245 mil nuevas viviendas y 6,126 hectáreas para usos industriales, de servicios y otras actividades. Estas proyecciones se asentaron sobre una periferia que ya presentaba urbanización fragmentada, vivienda abandonada, déficits de infraestructura y conflictos en torno al agua y la propiedad social.

El agua constituye uno de los principales puntos de conflicto. Castillo Oropeza y Hernández Gamboa documentaron la organización del Frente de Pueblos Originarios por la Defensa del Agua y localizaron 17 pozos comunitarios dentro de radios de 5, 8 y 10 kilómetros del proyecto. Los pozos forman parte de sistemas comunitarios de abastecimiento que anteceden al aeropuerto y participan directamente en la reproducción cotidiana de los pueblos. La alternativa oficial de buscar agua fuera de la región mediante un acueducto desde el Valle del Mezquital amplía el alcance territorial del proyecto y vincula el AIFA con otra región que ya enfrenta fuertes cargas socioambientales.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec fue creado por decreto presidencial el 14 de junio de 2019. Su objetivo oficial fue constituir una plataforma logística que conectara los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, mediante el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Una reforma publicada en marzo de 2023 sectorizó el organismo a la Secretaría de Marina y amplió su estructura para integrar los puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz, Dos Bocas y Puerto Chiapas. La reforma de mayo de 2025 amplió su área de influencia y consolidó las facultades del organismo sobre suelo, infraestructura y Polos de Desarrollo para el Bienestar.

El proyecto convierte al Istmo y a una parte creciente del sur-sureste en una plataforma para la circulación de mercancías y para la instalación de nuevas actividades industriales. El sistema articula las líneas ferroviarias Z, FA, K y KA, puertos, carreteras, patios logísticos, fibra óptica, aeropuertos, infraestructura energética y PODEBI. El programa vigente delimita el área de influencia mediante una franja de diez kilómetros a cada lado de las vías ferroviarias administradas por el CIIT y comprende 120 municipios.

Esta reorganización territorial permite identificar al CIIT como una zona de sacrificio de carácter múltiple. La producción de valor logístico e industrial requiere transformar tierra ejidal y comunal en suelo industrial, movilizar grandes cantidades de energía y materiales, ampliar puertos y redes ferroviarias y asegurar territorialmente estas infraestructuras. GeoComunes ha documentado la extracción de materiales para obras portuarias, la presión energética generada por los nuevos parques industriales y la expansión de infraestructura gasífera. El Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana documenta mecanismos legales, institucionales, socioeconómicos y coercitivos vinculados con el proyecto, incluida la presión sobre la propiedad social, conflictos en procesos de consulta y criminalización de personas defensoras.  

La disputa afecta territorios habitados por pueblos binnizá, ayuujk, ikoots, zoque, popoluca, nahua, chontal y otras poblaciones indígenas, campesinas y afromexicanas. La investigación de Susanne Hofmann, basada en trabajo de campo y 127 entrevistas en Oaxaca y Veracruz, documenta preocupaciones relacionadas con pérdida de control territorial, presión hídrica, contaminación, alteración de economías locales, transformación de sistemas comunitarios de gobierno y afectaciones a la continuidad cultural.

El Bosque, una comunidad de Tabasco ubicada en la confluencia de los ríos Grijalva y Usumacinta con el Golfo de México, ha sido la primera en México en ser desplazada por el cambio climático, debido al aumento del nivel del mar que desde 2007 ha ido erosionando su territorio. Tradicionalmente dependiente de la pesca y la agricultura, la comunidad ha visto desaparecer su forma de vida mientras el Estado desestima su vulnerabilidad y rechaza sus solicitudes de reubicación justa y planificada. Desde 2022, los habitantes han exigido respuestas a las autoridades sin éxito, y en 2024 interpusieron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que la crisis climática no es un problema del futuro, sino una violencia estructural que ya los ha despojado de todo. A esto se suma la expansión de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, que agravan los impactos ambientales y refuerzan un modelo extractivista que sigue desplazando comunidades. La Caravana El Sur Resiste denunció estos efectos y el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza responsabilizó al Estado mexicano por violaciones a los derechos bioculturales del pueblo maya. Aunque el gobierno ha anunciado la reubicación de El Bosque, no existe un plan integral para atender otras comunidades en riesgo, evidenciando la falta de preparación ante los efectos del cambio climático y la indiferencia institucional frente a los afectados.

El Tren Maya es un megaproyecto de infraestructura ferroviaria en el sureste de México que, lejos de ser un simple medio de transporte, se ha convertido en un eje central del modelo extractivista en la región. Con el argumento de impulsar el desarrollo, el tren facilita la expansión de megaproyectos turísticos, agroindustriales y energéticos, promoviendo la privatización de tierras comunales y el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas y una pérdida de su cultura, relegándola al folclor y al pasado. Su construcción está ligada a la implementación de polos de desarrollo que favorecen a empresas privadas y fomentan la especulación inmobiliaria, mientras que también refuerza el modelo de explotación de recursos naturales, impulsando la generación de energía a través de proyectos eólicos, solares y gasíferos.

A pesar de ser presentado como un proyecto de desarrollo sostenible, el Tren Maya ha generado impactos ambientales y sociales significativos, incluyendo la destrucción de ecosistemas y la fragmentación del tejido comunitario. Su implementación ha sido respaldada por políticas gubernamentales que han recurrido a la militarización y a consultas deficientes con las comunidades indígenas, deslegitimando su derecho a la autodeterminación. En este sentido, más que una propuesta de desarrollo inclusivo, el proyecto representa la continuidad de un modelo colonial que reconfigura el territorio en función de intereses empresariales y transnacionales, consolidando dinámicas de despojo y explotación bajo la retórica del progreso y la modernización.

La Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, una de las más grandes de America Latina ha producido daños socioecológicos en la región desde su inaguración en 1993.

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La Zona del Valle del Mezquital que comprende 24 municipios del Estado de Hidalgo y 8 del Estado de México, se encuentra de forma colindante con la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Históricamente, el valle siempre ha estado ligado a la demanda de materiales y energía de la ZMVM, por lo que en toda la región han proliferado una serie de industrias extractivas que van desde empresas cementeras, minas a cielo abierto, caleras entre otras.