La zona del Valle del Mezquital, que abarca 24 municipios del estado de Hidalgo y 8 del Estado de México, colinda con la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Históricamente, esta región ha estado subordinada a las demandas de materiales y energía de la capital, lo que ha impulsado la expansión de industrias extractivas como cementeras, minas a cielo abierto y caleras, entre otras.

Desde la década de 1970, durante el sexenio de Luis Echeverría, comenzaron a otorgarse concesiones para el desarrollo de corredores industriales como parte de una estrategia gubernamental que promovía zonas con incentivos fiscales y facilidades para empresas nacionales y transnacionales. Esto facilitó el establecimiento de industrias pesadas a una escala socioecológica sin precedentes.

Como parte de este proceso de industrialización, se construyó un complejo energético integrado por una termoeléctrica, una refinería, una planta coquizadora y subestaciones de transmisión, operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), respectivamente. La presencia de estas industrias ha tenido un fuerte impacto en la calidad de vida de la población, deteriorando el aire, el agua, el suelo y los ecosistemas locales, además de menoscabar el valor paisajístico de la región.

Uno de los impactos más graves ha sido la construcción de caudales artificiales que alteraron el flujo natural de los ríos Tula, Rosas y Salado. Actualmente, la región recibe prácticamente la totalidad de las aguas residuales de la ZMVM a través de los túneles emisores Central y Oriente, lo que ha provocado inundaciones severas, con saldo de muertes, personas heridas y significativas pérdidas materiales y económicas.

El Valle del Mezquital es también una zona agrícola estratégica, pero ha desarrollado una preocupante dependencia de las aguas negras sin tratar provenientes de la capital. Se estima que entre 80,000 y 100,000 hectáreas se riegan con estas aguas contaminadas. La región ha sido declarada zona de emergencia sanitaria e incluso reconocida por el propio gobierno federal como un "infierno ambiental". No obstante, pese a esta categorización, no se han implementado acciones estructurales para mitigar —y mucho menos resolver— la crisis socioambiental.

A finales de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció avances en el Plan Integral de Restauración Ecológica para la región de Tula. Entre las propuestas se incluye la reducción de emisiones de la coquizadora y la refinería, la construcción de una central de reciclaje para fomentar la economía circular, así como la rehabilitación del río Tula y la presa Endhó. Sin embargo, activistas han denunciado que estas iniciativas apenas buscan "tapar el sol con un dedo", y que los beneficios del plan solo están dirigidos a ciertas zonas del Valle del Mezquital. Esto ha generado tensiones internas entre comunidades y nuevos conflictos socioambientales, que algunos interpretan como parte de estrategias de contrainsurgencia.

Durante la primera década del siglo XXI, se construyó en la región una planta potabilizadora para tratar las aguas negras que llegan al río Tula desde la ZMVM. Esta obra, una de las mayores infraestructuras hidráulicas del mundo, tiene capacidad para tratar hasta el 60% del volumen total de aguas residuales que recibe el valle. Sin embargo, para la población local, la planta representa otro ejemplo de cómo el modelo de desarrollo impulsado por el Estado se ha sostenido sobre sacrificios humanos y ambientales.

Incluso operando a máxima capacidad, la planta no puede regenerar el ecosistema del Valle del Mezquital en tiempo ni en forma. La llegada constante de aguas negras ha generado un círculo perverso: los productores agrícolas dependen de este recurso contaminado para mantener su actividad. Se calcula que aproximadamente 85,000 hectáreas se riegan con aguas negras que fluyen directamente hacia el río y desembocan en la presa Endhó. Esta situación ha provocado divisiones entre productores, algunos de los cuales se oponen a cualquier medida que interrumpa el flujo de aguas residuales por razones económicas. Las autoridades, lejos de ofrecer alternativas sostenibles, han incentivado la continuidad de este modelo de producción.

Habitantes del Valle del Mezquital han denunciado los impactos en su salud, su vida cotidiana y sus medios de subsistencia. Su territorio ha sido convertido en una "zona de sacrificio": un espacio condenado en nombre del desarrollo, la acumulación y el supuesto "progreso" de la Ciudad de México.

La región, atrapada por su geografía y subordinada a los intereses de la gran megalópolis, continúa siendo sacrificada para sostener un modelo extractivo que prioriza la expansión urbana y el crecimiento económico de la capital, mientras deja a su población y su entorno en el abandono.

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