El ‘Tren Maya’ se refiere a un proyecto de transporte ferroviario de 10 mil millones de dólares que abarca 1,500 kilómetros y atraviesa cinco estados del sureste de México, con una fecha de finalización prevista para 2024 (TIDN, 2023). Sin embargo, el término ‘Tren Maya’ es en realidad un nombre inapropiado: ni es maya ni es solo un tren.

El tren transportará pasajeros (aumentando el número de turistas en una zona ya ambientalmente frágil) y mercancías (facilitando la extracción y el transporte de combustibles a través de la península). Como ha documentado el Colectivo Geocomunes (2024), el Tren Maya es en realidad parte de un conjunto más amplio de proyectos de infraestructura a gran escala que buscan ‘desarrollar’ la región interconectando y reordenando el sur y sureste del país. A escala local, el tren ha provocado una privatización y parcelación masiva de tierras comunales, despojando a las comunidades de su autonomía y erosionando los medios de vida campesinos e indígenas, así como la cohesión comunitaria en la región (Torres Mazuera, 2022).

Los ‘polos de desarrollo’ planificados a lo largo de la infraestructura ferroviaria –12 paradas y 9 estaciones– otorgan incentivos especiales a empresas privadas y, de manera indirecta, fomentan tácticas de despojo de tierras para facilitar la expansión de corporaciones privadas en sectores como vivienda urbana, turismo, agroindustria, infraestructura energética, minería y conservación de la biodiversidad (Ruelas & Dunlap, 2023; Torres-Mazuera et al., 2021).

El tren también forma parte de un megaproyecto más amplio diseñado para el ‘desarrollo’ del sureste de México, que incluye una nueva refinería en Tabasco y el llamado Corredor Interoceánico, un proyecto para conectar ambos océanos mediante otro tren y la expansión de polos de desarrollo. Geocomunes (2020) ha señalado que el proyecto permitirá una mayor integración con los mercados de América, Europa y Asia, ya que la zona alberga al menos el 84% de todas las reservas probadas de petróleo, así como otros minerales, agua y tierras que han sido declaradas ‘ociosas’ y, por lo tanto, disponibles para la inversión. Estas áreas también han sido designadas como ‘zonas francas’ con reducción de impuestos y facilidades para la inversión. Además, el proyecto facilita el control y la explotación de una fuerza laboral barata generada por la población migrante que cruza la frontera sur de México.

La incorporación de grandes extensiones de tierras comunales al mercado inmobiliario para el desarrollo urbano, turístico, energético o agroindustrial ha generado una profunda reconfiguración espacial de la Península de Yucatán, impulsando un aumento tanto en la demanda como en la generación de energía (Geocomunes, 2024; Tornel, 2023b). El tren facilita la generación de energía a través de proyectos iniciados durante la liberalización del sector eléctrico (que incluyó la aprobación de 20 parques eólicos y 18 solares, de los cuales 5 ya están operativos) mediante subastas de energía y mecanismos de autoabastecimiento (CCMSS, 2019). Sin embargo, también actúa como un mecanismo de apropiación de tierras por parte de empresas energéticas, agroindustriales y de desarrollo urbano, así como de grandes grupos hoteleros que buscan ‘diversificarse’ mediante la adquisición de nuevas áreas bajo el pretexto de promover un desarrollo ‘verde’ o ‘sostenible’ (Geocomunes, 2024). En esencia, el tren actúa como un eje central del extractivismo verde/gris en la región.

El proyecto ha sido justificado bajo el argumento de traer un desarrollo sostenible que ‘aumente los beneficios económicos del turismo en la Península de Yucatán, generando empleos, protegiendo el medio ambiente, desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies, y promoviendo la planificación territorial en la región’ (PND, 2019). Sin embargo, como lo expresó un defensor del territorio:

Llamar sostenible a este proyecto no es más que una continuación de lo que ya ha estado ocurriendo aquí: la mercantilización y fetichización de la cultura maya, convertida en una mercancía en nombre de un bien superior: crecimiento económico, empleos, turismo, desarrollo.

Bajo la fachada de la ‘sostenibilidad’, el gobierno ha aprobado la construcción de dos nuevas plantas de gas en Mérida y Valladolid, así como dos nuevos gasoductos: uno que traerá gas de fracking (Puerta al Sureste) desde Estados Unidos y otro que expandirá el gasoducto Mayakan (Geocomunes, 2024). También está promoviendo nuevos proyectos de generación eólica y solar vinculados a la infraestructura directa e indirecta creada por el llamado ‘Tren Maya’ (FONATUR, 2021).

El tren es el elemento que articula estos proyectos, es la pieza faltante del rompecabezas para lograr la integración del proyecto colonial y desarrollista en la península, un proceso que ha estado en marcha durante los últimos 500 años. Durante años, esta tierra fue considerada ‘inviable para el desarrollo’ porque la gente se negó a ser categorizada como desecho. Irónicamente, fue AMLO, un supuesto ‘izquierdista’, quien con el argumento de traer ‘desarrollo sostenible’ logró convencer a algunas personas de que ‘necesitan desarrollo’.

En 2021, en medio de un creciente número de amparos y desafíos legales, el gobierno aprovechó la pandemia de COVID-19 y los confinamientos para declarar el proyecto como de ‘interés público y seguridad nacional’ (DOF, 2021). En esa misma declaración, el gobierno anunció que el proyecto sería construido y supervisado por el ejército, lo que tuvo un efecto disuasorio sobre cualquier forma de disidencia.

Además de su impacto ambiental –se estima una reducción del 15 al 50% en la biodiversidad natural de la región (Zambrano, 2023)– el tren plantea serias preocupaciones sobre los derechos indígenas. En 2019, se promovió una consulta de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en los cinco estados del sureste, pero no logró presentar de manera adecuada los impactos reales del proyecto (UNHCR, 2019). Como mencionó una de las personas entrevistadas:

La ingeniería social siempre ha estado presente en la implementación de proyectos de infraestructura a gran escala. A través de la consulta de CLPI y con la retórica de la sostenibilidad o la descarbonización como meta última, se ha encontrado una nueva forma de justificar la ocupación colonial de las tierras mayas y de ejecutar una muerte lenta sobre un proyecto de resistencia que ha durado más de 500 años.