Río Santiago y Juanacatlán. Contaminación industrial y sacrificio urbano-industrial
Breve descripción del conflicto
La contaminación del Río Santiago en Juanacatlán y El Salto es resultado de un proceso prolongado de reorganización territorial. La utilización industrial del río comenzó mucho antes de la crisis actual. A finales del siglo XIX se instalaron fábricas y centrales hidroeléctricas asociadas con la expansión industrial de Guadalajara. Desde la década de 1950, y con mayor intensidad durante los años sesenta y setenta, las políticas federales y estatales promovieron la creación de corredores industriales aprovechando la disponibilidad de agua, energía, ferrocarril, carreteras y suelo en la región. El corredor se extendió desde El Salto hacia La Barca y posteriormente se articuló con el crecimiento industrial y urbano del sur y oriente del Área Metropolitana de Guadalajara.
Durante los años setenta comenzaron a registrarse públicamente mortandades de peces y contaminación asociada con descargas químicas. La concentración industrial continuó. La región pasó a albergar industrias químicas, alimentarias, textiles, farmacéuticas, automotrices, metalmecánicas, electrónicas y otras actividades manufactureras. La literatura histórica documenta la instalación de empresas como Hulera Euzkadi, IBM y Pennwalt del Pacífico durante esta etapa de expansión. Estas referencias permiten reconstruir la industrialización del territorio, pero no deben interpretarse como una atribución automática de responsabilidad actual a cada una de esas empresas.
La acumulación de fuentes contaminantes quedó documentada oficialmente. Un estudio de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco identificó en 2006 305 fuentes de contaminación en El Salto, Juanacatlán, Tototlán y Poncitlán. De ellas, 271 eran industriales, 20 municipales y 14 pecuarias. Otro estudio citado en la investigación registró 265 descargas directas a cuerpos de agua y encontró que apenas 35% contaba entonces con sistemas de tratamiento.
La contaminación alcanzó una escala que provocó sucesivos reconocimientos institucionales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió en 2009 una macrorecomendación al gobierno estatal y a catorce municipios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó en 2020 medidas cautelares para las personas que habitan hasta cinco kilómetros del río en El Salto y Juanacatlán, así como para comunidades de Poncitlán. En 2022, la CNDH concluyó que la contaminación había producido violaciones a los derechos a un medio ambiente sano, agua y saneamiento, salud y al interés superior de la niñez.
[-103.17519, 20.51319]
Actores involucrados en el caso
Actores promoventes del proyecto
Actores en oposición al proyecto
La Agrupación Un Salto de Vida, activa desde 2006; organizaciones y vecinos de Juanacatlán; la Asamblea de Pueblos en Resistencia de la Cuenca Chapala–Santiago; el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Valores Integrales y Desarrollo Ambiental (VIDA) y redes de defensa territorial que posteriormente han articulado acciones con la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio y el Congreso Nacional Indígena. Un Salto de Vida es uno de los principales productores de conocimiento territorial, denuncia pública, organización y monitoreo comunitario de la zona desde 2006.
La CEDHJ, CNDH y CIDH han documentado y reconocido las afectaciones.
Consecuencias documentadas
Movilizaciones y estatus del caso
La organización comunitaria adquirió mayor fuerza durante la década de 2000. Un Salto de Vida surgió en 2006 y comenzó a documentar contaminación, enfermedades, descargas y transformaciones territoriales. En 2007, el informe Mártires del Río Santiago reunió evidencia sobre contaminación y salud en Juanacatlán y El Salto. En 2008 las comunidades elaboraron un pliego petitorio que exigía información sobre riesgos sanitarios, monitoreo del aire, atención médica, control industrial y protección de ecosistemas. Varias de esas demandas siguen presentes casi dos décadas después.
En 2009, la CEDHJ emitió la Recomendación 1/2009. En 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares a las poblaciones de El Salto y Juanacatlán ubicadas hasta cinco kilómetros del río. En 2022, la CNDH emitió la Recomendación 134/2022. En 2024, el gobierno federal publicó el Convenio Marco para protección, restauración y reparación integral de los daños asociados con la contaminación.
Durante febrero y marzo de 2025, habitantes de Juanacatlán, El Salto y municipios vecinos se movilizaron contra la posibilidad de instalar una nueva central termoeléctrica de ciclo combinado. Tras las protestas, la CFE confirmó que Juanacatlán quedaba descartado como sitio del proyecto. Este episodio debe incorporarse a la ficha porque muestra que el territorio continúa recibiendo propuestas de nueva infraestructura a pesar de su condición ambiental.
En junio de 2026, SEMARNAT negó la autorización ambiental solicitada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco para construir un nuevo puente vehicular sobre el Río Santiago entre El Salto y Juanacatlán. La resolución señaló omisiones técnicas e incongruencias normativas en el proyecto. Este caso constituye otro resultado concreto de vigilancia territorial y oposición a intervenciones adicionales sobre el río.
Al mismo tiempo, desde 2025 el gobierno federal inició una nueva estrategia de saneamiento del sistema Lerma–Santiago. Para 2026 anunció más de 1,350 millones de pesos de inversión. El reporte federal indica que durante 2025 se convocó a más de mil empresas a regularizar descargas, se realizaron 71 inspecciones de PROFEPA y 22 de CONAGUA, se avanzó en plantas de tratamiento y colectores y se protegieron 847 hectáreas del Humedal El Ahogado.
En febrero de 2026 se informó además sobre la elaboración del Estudio Técnico Justificativo para una declaratoria de restauración de la Cuenca Alta del Río Santiago y un Plan Maestro para el Humedal El Ahogado. Al 9 de septiembre de 2026, el proceso para declarar al río como zona de restauración seguía avanzando y se revisaba su articulación con las recomendaciones 1/2009 y 134/2022.
La existencia de obras, inversiones, inspecciones y una eventual declaratoria de restauración no permite todavía considerar saneado el territorio. En marzo de 2026 especialistas de la Universidad de Guadalajara continuaban documentando contaminación y exposición en El Salto, Juanacatlán y Puente Grande. La propia continuidad de la estrategia federal de saneamiento y la preparación de una declaratoria de restauración confirman que la degradación requiere intervenciones de largo plazo.
Explicación detallada del caso
La formación del corredor industrial
El proceso que produjo la actual zona de sacrificio estuvo vinculado desde el inicio con decisiones de política territorial. La disponibilidad del Río Santiago fue tratada como una ventaja para el desarrollo industrial. Un documento oficial de 1972 citado por Valdovinos-Flores describía el volumen de agua de la cuenca Lerma–Chapala–Santiago como una fuente de gran disponibilidad para usos industriales. Las políticas de industrialización facilitaron la instalación de parques, fábricas, infraestructura eléctrica y redes de transporte.
La industrialización también modificó la relación con el agua. Mientras las industrias recurrieron intensamente a los acuíferos, el río y sus afluentes recibieron una parte significativa de los residuos generados por el crecimiento industrial y urbano. La investigación reciente documenta una elevada concentración del uso industrial del agua subterránea en El Salto y una presión creciente sobre el acuífero Toluquilla. La extracción, utilización y contaminación del agua forman parte del mismo proceso territorial.
Una mezcla compleja de fuentes contaminantes
La contaminación del Santiago no procede de una sola fuente. En el cauce y sus tributarios convergen descargas industriales, aguas residuales municipales, residuos procedentes de la ganadería intensiva, vinazas de la producción de tequila, escurrimientos agrícolas y lixiviados de sitios de disposición de residuos. La Cuenca El Ahogado tiene un papel central porque recoge aguas residuales provenientes de amplias zonas urbanas e industriales antes de desembocar en el Santiago.
Un estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua realizado en 2011 calculó cargas diarias aproximadas de 393.4 toneladas de materia orgánica, 177.2 toneladas de sólidos suspendidos, 31.9 toneladas de grasas y aceites, 56.4 toneladas de nutrientes, 4.9 toneladas de detergentes, 0.29 toneladas de metales pesados y 0.18 toneladas de compuestos orgánicos tóxicos en el sistema estudiado. La misma investigación identificó 1,090 sustancias químicas, entre ellas fenoles, cloroformo, etilbenceno, benceno, naftaleno, nitrobenceno, tetracloroetileno, tolueno y diversos ftalatos y diclorobencenos. Buena parte de estas sustancias queda fuera de los parámetros ordinarios utilizados por la regulación mexicana de descargas.
Esta circunstancia es central para entender el caso. Una descarga puede ser evaluada mediante un conjunto limitado de parámetros legales mientras el río recibe una mezcla mucho más amplia de compuestos procedentes de procesos industriales diferentes. La revisión publicada por Valdovinos-Flores en 2025 señala precisamente esta brecha entre la complejidad química encontrada en el Santiago y el número de parámetros regulados.
Del agua al aire
La exposición tampoco se limita al contacto directo con el agua. La cascada de El Salto–Juanacatlán favorece la aerosolización de sustancias contenidas en el río. Estudios realizados en la Cuenca El Ahogado han registrado bioaerosoles con bacterias como Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Salmonella. En 2012 se reportaron concentraciones superiores a 70,000 UFC/m³ en sitios considerados críticos, entre ellos la cascada de El Salto–Juanacatlán.
La cobertura de monitoreo atmosférico sigue siendo insuficiente para caracterizar de manera continua la exposición de Juanacatlán. La revisión científica de 2025 identifica vacíos en la red de monitoreo y señala que la estación localizada en El Salto se encuentra alejada del núcleo industrial y no mide varios compuestos orgánicos volátiles asociados con el río, entre ellos el benceno.
Exposición y salud pública
La evidencia disponible permite afirmar que existe exposición ambiental crónica y una crisis de salud pública reconocida institucionalmente. Conviene evitar afirmar que cada enfermedad observada puede atribuirse individualmente a una sustancia específica, porque establecer causalidad clínica directa requiere estudios epidemiológicos y toxicológicos específicos. La revisión científica más reciente subraya esta limitación al mismo tiempo que documenta una amplia variedad de padecimientos registrados en las comunidades expuestas.
Los estudios realizados en niñas y niños de El Salto, Juanacatlán, La Cofradía y Puente Grande detectaron exposición a plomo, arsénico, cadmio, mercurio, benceno y compuestos orgánicos persistentes. La literatura revisada en 2025 reporta también problemas neuropsicológicos, hematológicos, dermatológicos y respiratorios, entre otros indicadores. Un estudio en mujeres embarazadas de El Salto y Juanacatlán encontró concentraciones de arsénico superiores al valor de referencia utilizado en una parte importante de las muestras analizadas.
El problema fue reconocido mediante instrumentos de derechos humanos. La CIDH consideró en 2020 que las personas beneficiarias se encontraban en una situación de gravedad y urgencia y que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentaban riesgo de daño irreparable. La CNDH llegó en 2022 a la conclusión de que existían violaciones de derechos derivadas de la contaminación y de la insuficiencia de las medidas de prevención, mitigación, restauración y atención sanitaria.
Regulación insuficiente y persistencia de las descargas
La larga duración del conflicto también responde a problemas de vigilancia y regulación. La investigación de Cindy McCulligh ha documentado la debilidad histórica del control de descargas industriales y la distancia existente entre las normas ambientales, su fiscalización y la complejidad química de los residuos industriales. Su investigación muestra que durante años las respuestas institucionales privilegiaron el tratamiento de aguas residuales urbanas sin resolver de manera suficiente el problema de las descargas industriales.
La acumulación de evidencia comunitaria, científica y jurídica volvió insostenible la negación institucional del problema. El gobierno estatal puso en marcha la estrategia Revivamos el Río Santiago y, después de la Recomendación 134/2022, en octubre de 2024 se publicó un Convenio Marco federal para coordinar acciones de protección ambiental, restauración, atención sanitaria y reparación integral. El convenio incluye a SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA, Salud, COFEPRIS y nueve municipios de Jalisco.
Saneamiento sin cierre del proceso industrial
Esta es una contradicción importante para la actualización de la ficha. Mientras se destinan recursos públicos al saneamiento, la región sigue siendo considerada estratégica para la expansión urbana, industrial y logística. McCulligh analiza este proceso en relación con el nearshoring y con las políticas que buscan “revivir” el río sin cuestionar de fondo el crecimiento industrial que continúa aumentando la demanda de suelo, agua e infraestructura.
En marzo de 2026, especialistas de la Universidad de Guadalajara afirmaron que la contaminación persistía pese a los más de siete mil millones de pesos destinados durante la estrategia estatal previa. Esto impide considerar el caso como un territorio recuperado.
Materiales audiovisuales
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Referencias
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https://www.gob.mx/conagua/prensa/conagua-supervisa-obras-de-saneamiento-del-rio-santiago-se-invertiran-mas-de-430-mdp-en-plantas-de-tratamiento-y-colectores?idiom=es
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Cascada Noticias. (2026, 4 de junio). SEMARNAT niega autorización ambiental al Gobierno de Jalisco para puente vehicular en el Río Santiago.
https://www.cascadanoticias.com/noticias/locales/juanacatlan/semarnat-niega-autorizacion-ambiental-al-gobierno-de-jalisco-para-puente-vehicular-en-el-rio-santiago
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https://www.nmas.com.mx/jalisco/sociedad/avanzan-trabajos-para-declarar-al-rio-santiago-zona-de-restauracion-ecologica/
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